Ciudadanía para inversores y norma de “carga pública”: ¿Qué implicaciones tienen para los ciudadanos estadounidenses?

El pasado mes de noviembre los primeros ministros de Santa Lucía, Albania y Montenegro se reunieron en Londres en un congreso sobre la compra de ciudadanía, con entradas a 1.500 libras. Estas autoridades, junto a representantes de al menos otros tres países, expusieron frente a más de 300 miembros de las élites más ricas las ventajas de obtener residencia y nacionalidad a cambio de inversiones en propiedad, empresas o directamente en las arcas del Estado. Este congreso es parte de una tendencia emergente de Estados con economías relativamente pequeñas que conceden la ciudadanía a cambio de inversiones en sus países. Pero la ciudadanía para inversores no es nueva, ni está circunscrita a los países pequeños. De hecho, la ciudadanía para inversores ha existido en Estados Unidos desde los años 90.

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A través del Programa de Inmigrantes Inversores, un migrante puede invertir 900.000 dólares (500.000 hasta el noviembre pasado) para comprar la residencia permanente y en última instancia la ciudadanía para sí mismo, su cónyuge y sus hijos menores de 21 años. Si bien el programa de naturalización de inversores no supone más que una pequeña minoría de los inmigrantes en EE.UU., sí vincula la nacionalidad al capital de una manera similar a la norma de “carga pública” recientemente propuesta por el gobierno de Trump. La norma, que ha sido provisionalmente bloqueada, propone retirar la vía a la residencia y ciudadanía para cualquier inmigrante que pudiera ser una “carga pública”, o que reciba determinadas ayudas públicas como Medicaid o el Programa de Ayuda Supletoria a la Nutrición (antes conocido como “cupones de alimentos”).

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Tanto la ciudadanía para inversores como la regla de carga pública constituyen lo que Ayelet Shachar llama “la mercantilización de la ciudadanía”. Shachar, una de las pocas académicas que investiga la ciudadanía para inversores en EE.UU., señala que la naturalización de inversores crea el riesgo de vincular la membresía al dinero y vaciar así el significado de la ciudadanía. Los inmigrantes llegados por reagrupación familiar son miembros por sus conexiones familiares, y los inmigrantes laborales trabajan e invierten sus esfuerzos en un puesto de trabajo junto a estadounidenses en beneficio de una empresa estadounidense. Incluso los migrantes que llegan por sus cualificaciones especializadas invierten su capital humano (esto es, sus conocimientos y experiencia), en lugar de su capital financiero. Los inversores naturalizados solo invierten su dinero.

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Los estadounidenses deberían recelar de los programas que conceden acceso a un estatus legal y a la ciudadanía condicional a la riqueza. Aunque las inversiones pueden beneficiar a las empresas estadounidenses, el programa de inmigrantes inversores debilita a la ciudadanía de la misma forma que la norma de carga pública. Ambos programas supeditan la ciudadanía al mercado, lo que implica que la ciudadanía se aleja un paso más de la igualdad de derechos. Si concedemos la ciudadanía en base a tener dinero, abrimos la puerta a denegar la ciudadanía en base a no tener dinero. Y si denegamos las solicitudes de ciudadanía a los migrantes pobres, ¿qué implicaciones tiene eso para los estadounidenses pobres (o de incluso clase media pero con seguros insuficientes) que recurren a los mismos servicios sociales?

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La ciudadanía para inversores y la norma de carga pública son manifestaciones políticas concretas de la creciente influencia del capitalismo de mercado sobre la ciudadanía estadounidense. La ciudadanía para inversores y las normas de carga pública son dos extremos de la misma lógica de ciudadanía mercantilizada, una lógica que a su vez socava el significado de la identidad y la pertenencia a Estados Unidos.

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La mercantilización de la ciudadanía a través de las inversiones

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El pasado mes de agosto, Ken Cuccinelli, en aquel entonces director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, fue objeto de numerosas burlas por reescribir el famoso poema El nuevo coloso de Emma Lazarus (grabado en la base de la Estatua de la Libertad en Nueva York): “Dadme a vuestros exhaustos y a vuestros que puedan sostenerse por sí mismos y no vayan a convertirse en una carga pública”. Sin embargo, aunque la norma de carga pública ha recibido críticas públicas e impugnaciones legales, el programa de inmigrantes inversores plantea desafíos similares al llevar aún más lejos la mercantilización de la ciudadanía.

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La ciudadanía para inversores es ahora un fenómeno global, una industria valorada por los expertos en 25.000 millones de dólares anuales. Una infraestructura global y regional de agentes, mercados y representantes de los Estados “venden” ciudadanía  a las élites globales, ayudados por el aumento de la doble nacionalidad. Jelena Džankić sitúa el origen de la venta contemporánea de ciudadanía en los pequeños Estados isleños del Pacífico y el Caribe después de la descolonización, que recurrieron a la ciudadanía para atraer inversiones hacia sus pequeñas economías. Estos Estados pueden argumentar, de manera relativamente razonable, que necesitan (o al menos obtienen unos beneficios críticos) la naturalización de inversores.

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A diferencia de estas economías pequeñas, sin embargo, los estadounidenses no pueden sostener que dependan de los inversores naturalizados para impulsar la economía estadounidense. Un millón de dolares por cada inversor nacionalizado tiene un impacto mucho mayor en el PIB de 13.000 millones de dólares de Malta, que lo que suponen 900.000 dólares en el PIB de 19 billones de dólares de Estados Unidos. Aunque sin duda las empresas estadounidenses se benefician de la naturalización de inversores, ya que la inversión debe crear por lo menos diez empleos a tiempo completo para que al inversor se le conceda la residencia, el beneficio total sobre la economía estadounidense es probablemente muy moderado. Sin embargo, la demanda de estos visados se ha disparado en la última década. El gobierno aprobó 1.571 peticiones en el ejercicio fiscal de 2011 y 11.321 peticiones en el ejercicio fiscal de 2017.

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Pero, ¿no queremos acaso que los miembros de nuestra comunidad contribuyan a ella? Así es, al fin y al cabo, lo que pensamos respecto a nuestras comunidades escolares u organizaciones religiosas. No obstante, aunque podemos valorar las inversiones, cada comunidad tiene sus propias lógicas sobre el acceso de nuevos miembros. Te haces socio del AMPA si eres el padre o madre de un niño que asiste a esa escuela. Vas a la mezquita si practicas el islam. Decir que accedes a la comunidad política si pagas 900.000 dólares es, cuando menos, problemático.

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La consecuencia de mercantilizar la ciudadanía: La norma de carga pública

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Los defensores justifican vender la ciudadanía como una operación beneficiosa para todos: estos inversores contribuyen a las empresas estadounidenses, así que les concedemos a cambio la ciudadanía. El problema que presenta esta justificación es que aplica la misma lógica de mercantilización que la norma de carga pública. El protagonismo creciente del mercado en la ciudadanía perjudica a las demandas de acceso a la ciudadanía por parte de migrantes pobres, de clase media, sin seguros o con cobertura insuficiente, y que necesitan ayudas sociales.

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Mientras los inversores naturalizados obtienen su condición de miembros a través de inversiones financieras, los migrantes pueden perder sus posibilidades de convertirse en miembros al volverse una “carga pública”. La ciudadanía para inversores ha mantenido históricamente el apoyo de los partidos republicano y demócrata, pero hasta este año los estadounidenses se habían resistido a aceptar normas generalizadas de carga pública. Bajo la norma propuesta, no importaría si los migrantes contribuyen a la comunidad estadounidense socialmente, a través de la sociedad civil; políticamente, a través del activismo; o incluso económicamente, a través del trabajo o de la iniciativa empresarial. Aprovechar las ayudas sociales podrá excluirlos de la ciudadanía.

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El objetivo aquí no es recopilar las críticas que se han hecho a la norma de carga pública. Lo que pretendo es subrayar la lógica compartida entre las normas de carga pública y la ciudadanía para inversores: la mercantilización de la ciudadanía. Una vez que abrimos la puerta a la influencia del mercado sobre la ciudadanía con programas de inmigrantes inversores, permitimos que el mercado discrimine a las personas pobres como “cargas públicas”. El gobierno actual ya está proponiendo aumentar las tasas de las solicitudes de asilo, las renovaciones del DACA y las solicitudes de ciudadanía, y denegar visados a los migrantes que no demuestren que pueden pagar la atención sanitaria. El programa de inmigrantes inversores y la norma de carga pública son una pequeña muestra de un complejo mucho mayor del capitalismo global, que según académicos como Wendy Brown o Aihwa Ong está poniendo en entredicho el significado de la ciudadanía estadounidense, la gobernanza de las migraciones y la soberanía estatal. Todos estos proyectos comparten una misma lógica, cada vez más poderosa: que la ciudadanía es un privilegio de los ricos y no un derecho de todos.

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La ciudadanía para los inversores no se limita a apoyar a las empresas estadounidenses: no podemos separar la naturalización de inversores de la mercantilización de la ciudadanía y su manifestación en normas de carga pública.

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Entonces, ¿cuánto vale la ciudadanía estadounidense? 

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Esta lógica de mercado compartida de la ciudadanía no solo vincula la ciudadanía para inversores a la norma de carga pública. Permitir que el mercado gobierne la ciudadanía debilita aún más el valor de la ciudadanía, empujando a las personas pobres hacia los márgenes de la comunidad. Y dado que los estadounidenses ya no son tratados como miembros plenamente iguales de la comunidad, la ciudadanía estadounidense tal vez no esté preparada para aún más discriminación de mercado.

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Identificar la mercantilización de la ciudadanía nos ayuda a señalar los fallos actuales de la ciudadanía y las amenazas sobre su futuro. La ciudadanía estadounidense siempre ha sido un símbolo de la igualdad de estatus, pero nunca una práctica real. Así, académicos y activistas han sostenido desde hace mucho que las personas negras, las mujeres, las personas con discapacidades y las personas pobres (entre otras) pueden ser ciudadanos de segunda, o menos que ciudadanos. Un país que hace frente a un pasado y un presente de prácticas de desigualdad en la ciudadanía debe reconocer el peligro inminente de una ciudadanía mercantilizada y aún más desigual. A través de la ciudadanía para inversores o las normas de carga pública, la manera en que los ricos y poderosos tratan a los migrantes es un signo del debilitamiento de la ciudadanía que se viene.

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La ciudadanía puede significar cosas muy diferentes, desde el acceso a derechos legales hasta la pertenencia social, pero aún no ha llegado a significar dinero. Pero si podemos incluir a unos residentes porque pagan 900.000 dólares y excluir a otros residentes porque usan cupones de alimentos, ¿dónde deja esto a la gran mayoría de estadounidenses que no están entre los más ricos y que son ellos mismos “cargas públicas”? Ya estamos viendo intentos de ligar las ayudas sociales a “requisitos de trabajo” o controles de drogas, que no aumentan los índices de empleo pero sí discriminan a los estadounidenses negros. 

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Si podemos discriminar a los migrantes en base a cuánto “contribuyen” al mercado, ¿qué nos detiene, entonces, para empezar a aplicar esta lógica a los ciudadanos nacidos aquí más adelante? Si permitimos que la ciudadanía quede ligada a la clase (y sus implicaciones generales en materia de raza, [dis]capacidad y trasfondo social), entonces estamos permitiendo que el capitalismo global vacíe aún más la ciudadanía. La mercantilización de la ciudadanía no es un nuevo fenómeno, pero cada vez se manifiesta más en forma de políticas públicas en Estados Unidos.

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Por suerte para los estadounidenses, nuestro presidente aún no ha viajado a Londres para intentar vender nuestra ciudadanía. Pero conforme más y más países adoptan la ciudadanía para inversores, tenemos que ser conscientes de que la mercantilización de la ciudadanía ya ha comenzado en Estados Unidos. Desde los más ricos hasta las “cargas públicas”, esta lógica de mercado amenaza nuestra concepción de la ciudadanía estadounidense y de una membresía igualitaria e inclusiva.

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