Portugal, ¿campeón de los derechos migrantes? Es complicado

En marzo de 2020, Portugal hizo historia al convertirse en el primer país en conceder la residencia temporal a migrantes durante la pandemia de COVID-19. Esta política representó un marcado contraste con las medidas draconianas adoptadas en otros países europeo, como la detención ilegal de solicitantes de asilo en Hungría, e hizo que Portugal recibiese elogios de organismos internacionales de derechos humanos. Pero, ¿se correspondió tanto revuelo con la realidad para los migrantes en Portugal?

 

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La política en práctica

 

A pesar de que en los medios de comunicación internacionales se dijo que Portugal había concedido la residencia temporal a todos los migrantes, lo cierto es que esto no es así. Portugal otorgó la residencia temporal a migrantes que ya habían comenzado el proceso de solicitud de residencia en el Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF, “Serviço de Estrangeiros e Fronteiras”). Esto significa que todos los migrantes que habían pedido la residencia, incluyendo los solicitantes de asilo, y que habían estado esperando una respuesta pacientemente (a veces durante años) reciben ahora el mismo trato que los ciudadanos portugueses, con los mismos derechos no solo en materia sanitaria sino también de seguridad social, vivienda y ayuda al empleo. Sin embargo, los migrantes tienen que presentar una prueba de que han presentado la solicitud, así que sigue habiendo un trámite burocrático.

 

¿Qué ocurre con los migrantes que no han solicitado la residencia? Según la Secretaria de Estado para la Integración y las Migraciones, Cláudia Pereira, estos migrantes tienen derecho a recibir atención sanitaria. No obstante, si deciden iniciar sus solicitudes de residencia durante el confinamiento, tendrán que esperar a recibir una respuesta positiva y no estarán cubiertos por la política de residencia temporal.

 

Además, todos los documentos expirados después del 24 de febrero quedarán automáticamente renovados hasta el 30 de junio de 2020, garantizando así que los migrantes no quedan abandonados en un limbo legal.

 

Las oficinas del SEF no reabrirán hasta el 1 de julio, cuando los migrantes con residencia temporal tendrán que volver a pedir cita, como también tendrán que hacerlo quienes solicitaron la residencia durante el confinamiento y aquellos a quienes les expiren sus permisos.

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Una política “valiente” pero “limitada”

 

Las asociaciones que trabajan por los derechos de los migrantes aplaudieron la política desde el momento en que se anunció, pero también criticaron varios aspectos.

 

En primer lugar, la necesidad de proporcionar un justificante de la presentación de la solicitud parecía poco práctico, en un momento en que las oficinas del SEF y de la Seguridad Social están en su mayoría cerradas y muchos migrantes no tienen acceso a un ordenador.

 

En los últimos años, el SEF también ha tenido dificultades con los retrasos monumentales en la resolución de solicitudes de residencia. Por ello, los activistas por los derechos de los migrantes preferirían que las autorizaciones de residencia temporal fuesen permanentes, con lo que estos servicios no tendrían que volver a gestionar nuevas solicitudes ajustándose a los plazos adecuados.

 

Por otro lado, el tipo de derechos a los que tendrán acceso estos migrantes recién “legalizados” tampoco está claro. Por ejemplo, ¿podrán solicitar prestaciones por desempleo? En teoría sí, pero el decreto no lo especifica.

 

Finalmente, los activistas llamaron la atención sobre los miles de personas que quedan al margen de estas políticas, que permanecerán vulnerables a la explotación, la pérdida de ingresos y la pobreza.

 

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Los escándalos apagan el revuelo por los derechos de los migrantes

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En el momento en el que Portugal recibía elogios internacionales estallaron dos escándalos.

 

Uno fue el asesinato de un ciudadano ucraniano a manos de funcionarios del SEF. Ihor Homeniuk llegó el 10 de marzo al aeropuerto de Lisboa, donde fue inmediatamente detenido por el SEF debido a irregularidades, y fue brutalmente asesinado el 12 de marzo. Tres inspectores del SEF golpearon a Homeniuk hasta la muerte, empleando las manos y un bate, cuando él estaba esposado en un cuarto aislado en el centro de detención del SEF en el aeropuerto.

 

El encubrimiento de la muerte de Homeniuk – que había sido registrada inicialmente como a causa de un episodio de epilepsia – solo se descubrió a principios de abril, gracias a una pista anónima. Las autoridades reaccionaron con rapidez, los inspectores fueron detenidos y el caso está siendo investigado ahora por el Fiscal del Estado.

 

El segundo escándalo está relacionado con las condiciones de los solicitantes de asilo en Portugal. Un albergue para solicitantes de asilo en Lisboa fue evacuado el 19 de abril cuando 138 de los 175 residentes dieron positivo en los tests de COVID-19. Muchos de ellos fueron llevados a instalaciones militares a las afueras de Lisboa para pasar la cuarentena, y algunos otros fueron llevados a la Mezquita de Lisboa. El hacinamiento de las instalaciones, la negligencia de las autoridades y la falta de información a los solicitantes de asilo por parte de los poderes públicos recibieron duras críticas de los activistas por los derechos humanos.

 

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¿Y después?

 

Hay más países europeos considerando ahora la residencia temporal a migrantes, aunque por razones diferentes. En Italia y España, la falta de trabajadores migrantes estacionales podría suponer una catástrofe para la producción agrícola de estos países.

 

En Italia, la amnistía de seis meses para los trabajadores migrantes indocumentados solo respondió a la necesidad de dar solución al vacío en el mercado laboral y por tanto solo afectará a unas 200.000 personas, ni siquiera la mitad de la población estimada de migrantes indocumentados residiendo en Italia. En España, los migrantes indocumentados de entre 18 y 25 años podrán recibir visados temporales de trabajo para que cosechar frutas y verduras. Las autoridades calculan necesitar unos 300.000 trabajadores, la mayoría de los cuales solían ser trabajadores migrantes estacionales antes del cierre de las fronteras.

 

Aunque estas políticas parecen demostrar la importancia de los migrantes para la economía de estos países europeos, son fundamentalmente interesadas. Es por esto que los grupos de activistas han hecho llamamiento a la UE y sus Estados Miembros a seguir el ejemplo portugués y, sobre todo, la lógica que guía la política.

 

Portugal puso en marcha esta política por solidaridad y preocupación por la salud pública e indudablemente debe aplaudírsele por ello, dado el crudo contexto global para la migración. Pero no fue una solución mágica para los problemas de los migrantes en Portugal. Demuestra que hay una manera diferente de hacer políticas migratorias, pero el gobierno tiene ahora que perseverar en esta vía alternativa en todos los ámbitos y no solo como una tirita mientras dure la pandemia.

 

Aunque el ejemplo de Portugal debería ser seguido por otros países de la UE, queda claro que una sola política nacional no es suficiente. Lo que Europa necesita, ahora más que nunca, es una estrategia coherente para los migrantes en la UE que no solo aborde las cuestiones de seguridad, sino que respete los derechos humanos y deje de tratar a los migrantes como ciudadanos de segunda.

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