Hogares desarraigados: La movilidad en la crisis de la vivienda del Reino Unido

Raramente se habla de migraciones y vivienda en el mismo contexto, más allá de hacerlo para culpar a los inmigrantes de “quitar las casas” de los locales. Ciertamente, mi máster en estudios migratorios tuvo pocas lecturas sobre cuestiones y políticas de vivienda. Sin embargo, tres meses después de graduarme, me encontré trabajando como asistente en un proveedor oficial de vivienda social en el sudoeste de Inglaterra. No parece, en principio, una evolución profesional demasiado evidente. A primera vista, migraciones y vivienda social tienen muy poco en común; desde luego, sólo unos pocos clientes nuestros son inmigrantes. Aun así, en los últimos meses he aprendido que existen muchos aspectos coincidentes entre ambos.

 

La vivienda, como las migraciones, está sufriendo una crisis. Hay una escasez severa de casas. Tanto el sector como el gobierno están de acuerdo en que cientos de miles deben ser construidas urgentemente. En palabras de Theresa May, es necesario que la gente pueda empezar a trepar por la escalera de la propiedad y cumplir sus aspiraciones de convertirse en propietarios de vivienda. Lo que está ausente del debate es una voz crítica: ¿por qué debería ser todo el mundo propietario? ¿Por qué el alquiler no se considera una opción legítima? ¿Realmente necesita el país más casas, o podría ser la distribución de las propiedades el verdadero problema?

 

Todo esto apunta al fenómeno más amplio de hacer zoom en las cuestiones sociales y tratar de resolverlas fuera de contexto. El problema va más allá de la incapacidad de entender el alquiler como una alternativa válida a la propiedad de vivienda. Lo que está ocurriendo con la vivienda denota una falta deliberada de voluntad política para cambiar el status quo, y, en su lugar, una tendencia a defender los intereses propios boicoteando los esfuerzos para solucionar los problemas de la sociedad.

 

La falta de acción de los políticos puede causar daños severos y afectar vidas, como ilustra un caso reciente en Kent. Allí, setecientos arrendatarios fueron desahuciados cuando su arrendador decidió deshacerse de su cartera de acciones y jubilarse. En la entrevista, los inquilinos denuncian la precariedad del alquiler y las dificultades de cambiar de alojamiento en el breve plazo de dos meses que establece la ley británica:

 

“Es angustioso. Empiezas a echar raíces, por ejemplo en el jardín, y cuando te vas a dar cuenta ya te has ido”.

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El gobierno es consciente de la falta de protección de los inquilinos privados, pero hasta ahora no ha hecho nada para abordarla. Como subraya The Guardian, el ministro de vivienda archivó su propuesta de una protección de tres años ante las protestas de los arrendatarios. Esto no es una coincidencia. Muchos diputados y casi todos los miembros del gobierno británico son arrendatarios. Tienen pocos incentivos para introducir mayores garantías para los inquilinos, quienes, por sí mismos, tienen muy poco poder para obligar al gobierno a actuar. En lugar de admitir sus intereses comprometidos, aquellos que están en el poder prefieren buscar cabezas de turco y responsabilizarlos de la precariedad y las privaciones. Señalan a los inmigrantes y dicen: “¡Es su culpa, ellos son los forasteros peligrosos!”.

 

No obstante, la experiencia de la migración no atañe solo a unas pocas personas a las que se selecciona y etiqueta como migrantes. Los ciudadanos británicos residentes en el Reino Unido no suelen verse tradicionalmente como desplazados forzosos, si bien, como muestra el caso de Kent, pueden verse obligados a desplazarse a raíz de un desahucio. Por supuesto, las consecuencias para los inquilinos desahuciados no son las mismas que para los refugiados afganos, pero, esencialmente, en esta historia ambos ven sus raíces cercenadas. En lugar de dar por válidas las narrativas de exclusión cuando sus problemas no son los nuestros, tenemos que darnos cuenta de que las cuestiones sociales son cuestiones humanas. Encajarlas en categorías distintas empobrece el análisis y lleva en último término a soluciones erróneas. Sin embargo, si admitimos nuestra experiencia común, los lugares de dolor y necesidad se convierten en una base para establecer vínculos, creando una red de solidaridad. Igual que la búsqueda de un hogar, la (in)movilidad es una historia humana, una condición universal.

 

Creo que ahora mismo en el Reino Unido necesitamos una perspectiva más general sobre las migraciones, la vivienda y otros fenómenos sociales. En medio del tumulto del brexit, la salida no pasa por ofrecer respuestas sencillas, como culpabilizar a los inmigrantes de la emergencia del populismo, sino que requiere ir al fondo de la cuestión y buscar causas más allá de los compartimentos establecidos. Quienes estudien el apoyo al brexit deben relacionarlo con los recortes masivos a los que han hecho frente muchas autoridades locales, especialmente en el norte de Inglaterra. Los activistas y decisores políticos que debatan la escasez de viviendas deben tener en cuenta los intereses de los miembros del parlamento que son también arrendatarios, y enfrentarse al poder de estos. Asimismo, deben reivindicar un mayor uso de las propiedades desocupadas.

 

Tanto la migración como la vivienda, así como otras muchas áreas, muestran que mirar a un asunto demasiado de cerca y diseccionarlo bajo el microscopio contribuye a producir crisis que aparentan ser imposibles de resolver. Esto se hace a veces deliberadamente, para tapar los intereses y acciones de grupos poderosos. En realidad, los fenómenos sociales, como la necesidad de una vivienda o de hacer frente a los desafíos de la (in)movilidad, están profundamente vinculados. Por todo esto, para salir de nuestras crisis será necesario emprender un viaje en el que cuestionar los límites aceptados y mirar más allá de los horizontes establecidos.