Jornaleros migrantes y respuestas gubernamentales a la crisis del COVID-19 en Jordania

El 17 de marzo de 2020, el gobierno de Jordania puso en marcha una serie de medidas de protección frente al coronavirus. Entre ellas se encontraba una amplia suspensión de la movilidad, que se relajaría más adelante en favor de las restricciones del sector privado. Las consecuencias económicas aparecieron casi inmediatamente: los despidos de trabajadores, salarios no pagados y cierres de negocios fueron generalizados. Esto llevó al gobierno a tomar una serie de decisiones de emergencia, conocidas como Órdenes de Defensa, que establecieron protecciones a los derechos de los trabajadores. Los trabajadores que cobran sueldos diarios se convirtieron pronto en el objetivo de campañas a gran escala de organizaciones de la sociedad civil y activistas por los derechos laborales; consiguiendo que el gobierno proporcionase asistencia en efectivo y en especie a los jornaleros jordanos. Como complemento a estas ayudas se aprobaron las Órdenes de Defensa 6 y 9, dirigidas a trabajadores perjudicados por la crisis.

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La Orden de Defensa número 6, que protegió los salaries de los trabajadores y puso condiciones a los despidos, fue rápidamente seguida por la Orden de Defensa número 9, que creó una serie de protecciones para los jornaleros, incluido el derecho a solicitar ayudas al desempleo y a retirar pequeñas cantidades de dinero y obtener préstamos de sus cuentas de la seguridad social. Aunque los beneficios de esta orden también se extendieron a los trabajadores migrantes, pasa por alto la realidad del trabajo migrante en Jordania: estos trabajadores son mayoritariamente jornaleros y trabajan en el sector informal, con lo que no cotizan a la seguridad social y no pueden beneficiarse de las nuevas medidas extraordinarias de protección social. Los trabajadores migrantes del sector informal en Jordania quedan así en un limbo, después de años de estar excluidos del sistema de protección social formal jordano y de no recibir apenas compensaciones por las pérdidas salariales provocadas por no poder acceder a oportunidades de trabajo.

 

El trabajo migrante en Jordania supone casi la mitad de la mano de obra en el país. Los trabajadores migrantes trabajan en una variedad de sectores económicos, incluyendo la agricultura, la construcción, las manufacturas, la hostelería y la restauración. Aunque en todos ellos hay un componente de informalidad, la agricultura y la construcción dependen especialmente de los regímenes de trabajo jornalero y emplean sobre todo a personas no jordanas. Son sectores marcadamente esenciales. Aunque el sector agrícola jordano solo constituye el 6% del PIB, contribuye decisivamente a otros sectores, incluyendo algunos importantes para producción local y la exportación, como el sector agroalimentario.

 

La importancia del sector agrícola ha quedado de manifiesto durante los periodos de confinamiento, ya que ha permitido cubrir las necesidades del Reino. Los trabajadores migrantes son la gran mayoría en este sector: el 85% y 92% de los trabajadores de la ganadería y la producción agrícola, respectivamente, son ciudadanos extranjeros. El trabajo agrícola fue catalogado como esencial desde el inicio del confinamiento para apoyar el abastecimiento local de alimentos, reflejando la dependencia económica de los trabajadores extranjeros para la producción de bienes esenciales. No obstante, los trabajadores de este ámbito están relegados a la informalidad, debido a su exclusión del Código de Trabajo y a la naturaleza estacional de su trabajo. Se dan dinámicas similares en el sector de la construcción, donde el trabajo informal y los jornales diarios constituyen la mayor parte de las oportunidades para los trabajadores migrantes de salarios bajos. Muy pocas empresas de la construcción toman medidas para garantizar que sus contratistas cumplen con el pago puntual de los sueldos ni con la normativa laboral, lo que empeora las condiciones para los trabajadores migrantes que de otra manera no pueden plantear recursos legales para asegurar que sus derechos están protegidos. Muchos no están solo excluidos de los mecanismos formales de protección social, sino también de las autorizaciones de trabajo correspondientes. Debido a la naturaleza del trabajado jornalero en este sector, muchos trabajadores no jordanos trabajan sin permiso (o con los documentos incorrectos), aumentando su situación de riesgo en el trabajo cotidiano.

 

Aunque las respuestas del gobierno incorporaron medidas de protección social para estos trabajadores, la mayor parte estaban destinadas a los ciudadanos jordanos. Por ejemplo, incluso en la reapertura de las actividades del sector privado en mayo de 2020, el gobierno estableció que, para poder abrir sus puertas, los establecimientos privados debían tener al menos un 75% de trabajadores jordanos en plantilla. Esta medida ignoraba el hecho de que los trabajadores migrantes constituyen un amplio segmento del mercado laboral, dando pie a los despidos de trabajadores extranjeros en negocios pequeños y manteniendo las condiciones de empleo informal para los trabajadores extranjeros a causa de la cuota. Además, esta crisis fue utilizada como una oportunidad para repatriar trabajadores extranjeros: recientemente el Ministerio de Trabajo favoreció la repatriación de trabajadores migrantes poniendo en marcha un sistema de solicitudes online para facilitar su retorno y la expedición de los pagos pendientes de la seguridad social a los trabajadores migrantes del sector formal, en 72 horas. Anteriormente, este proceso venía siendo largo y plagado de dificultades burocráticas, dejando a menudo a los trabajadores migrantes con pocas posibilidades de reclamar sus derechos. Este es un cambio positivo que asegura el respeto a los derechos de los trabajadores migrantes que retornan. La formulación y apoyo a esta política y la resolución de un asunto que durante años ha sido problemático muestra una voluntad de apoyar a los trabajadores migrantes y garantizarles el acceso a sus derechos – pero, aparentemente, solo cuando salen del país.

 

La larga tendencia a excluir a los trabajadores vulnerables, especialmente a aquellos considerados desechables, ha revelado sus puntos débiles en un momento en el que las oportunidades de trabajo son escasas y el acceso es difícil. Depender del sector privado para que proporcione medios de vida a los trabajadores en una economía en dificultades y deteriorada aún más por la crisis del COVID-19 ha demostrado ser una práctica insostenible y abusiva que no garantiza los derechos, el sustento ni la seguridad de los migrantes. La pérdida de ingresos en este periodo y el riesgo al que se exponen al trabajar indican que es el momento de apoyar la inclusión de los trabajadores migrantes en el sector formal a través de códigos de trabajo y sistemas de protección social.

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