“Demasiados para darles la  nacionalidad”: Cómo los debates sobre naturalización politizan a las personas sirias

La cuestión de la ciudadanía no se ha debatido nunca tanto en Turquía y Líbano como con los refugiados. Hoy, los sirios desplazados, que constituyen el 25% de la población libanesa y el 5% de la población turca, no solo suponen un presión considerable sobre valores económicos de estos países, sino que han pasado al primer plano de los debates sobre ciudadanía. Estos debates arrojan luz sobre la apertura y voluntad de cambio de los respectivos regímenes jurídicos de ciudadanía. En Líbano, el temor a que los sirios dominen la composición étnica libanesa eclipsa las reivindicaciones de liberalización de la actual ley de ciudadanía. En Turquía, al contrario, la concesión de la nacionalidad a algunos sirios a pesar de la oposición pública continúa siendo controvertida, ya que con frecuencia el gobierno manipula a los refugiados en los asuntos políticos.

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Los dos países establecieron sus regímenes jurídicos de asilo y ciudadanía en el siglo XX, con el objetivo de preservar su composición étnica y religiosa. Líbano no firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Naciones Unidas de 1951 y es únicamente parte del Memorando de Entendimiento con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, según el cual no es un país de asilo y puede acoger a una persona desplazada por un máximo de nueve meses.[1] Aunque Turquía es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, limita su alcance a las personas que huyen de conflictos en territorios occidentales. En otras palabras, el Estado turco se declara desde hace mucho no responsable de los refugiados procedentes de las regiones en guerra en el Este. Los sirios desplazados en Turquía y Líbano no tienen estatuto de refugiados y se les concede solo protección temporal y/o permisos de trabajadores invitados.

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Los regímenes de ciudadanía de Líbano y Turquía se desarrollaron de manera similar en torno a tradiciones étnicas y religiosas, conectadas con determinadas inquietudes demográficas. Basándose en su primera constitución de 1926 y la consolidación política al final de la guerra civil en 1990, el gobierno libanés asigna representación política e incluso administrativa en función de las afiliaciones religiosas. Designa al presidente del Estado entre los cristianos maronitas, al primer ministro entre los suníes y al presidente del parlamento entre los musulmanes chiíes. La legitimidad política se construye así sobre un frágil equilibrio entre las distintas comunidades religiosas y sus porcentajes supuestos de población (que no han sido verificados por ningún censo desde 1932). Una consecuencia de este equilibrio es la tradición del país en materia de ciudadanía, que excluye a los maridos extranjeros de las mujeres libanesas así como a los hijos que nazcan en estas familias. El gobierno es inflexible a la hora de rechazar las solicitudes de transmisión de ciudadanía por la línea materna, preocupado de que los sirios alteren el frágil equilibrio demográfico entre las comunidades religiosas. Por ejemplo, el gobierno aprobó una ley en 2015 para naturalizar a parte de la diáspora libanesa, pero ignoró a los descendientes de madres y abuelas libanesas. Tres años más tarde, el ministro de exteriores de Líbano, de origen maronita, propuso liberalizar la ley para los hijos de mujeres libanesas casadas con hombres no libaneses. Sin embargo, este borrador de enmienda también excluía a los hombres y mujeres de ascendencia siria y palestina, en un intento de presentar el ya mencionado equilibrio demográfico.

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Estos debates en Líbano también conciernen a los sirios sin ciudadanía documentada, cuya situación se mantiene en un limbo. Según ACNUR, hay miles de refugiados sirios que no pueden inscribir a sus hijos nacidos en Líbano, entre otras cosas porque dejaron atrás algunos documentos clave en su huida. Como estos niños no tienen certificados de nacimiento, no pueden ni siquiera solicitar la ciudadanía siria y terminan por convertirse en apátridas.[2] Hasta ahora el gobierno ha ignorado las peticiones de naturalizar a los sirios apátridas planteadas por ACNUR. En suma, los debates políticos sobre la ciudadanía están todavía influidos por la preocupación de que naturalizar a los sirios y a los palestinos podría amenazar la legitimidad política basada en las supuestas proporciones demográficas.

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La tradición de Turquía en materia de ciudadanía, que se remonta a la primera constitución de la República, declara que una persona es turca por medio del vínculo de ciudadanía, sin importar la religión y la etnia. A pesar de esto, a lo largo del siglo XX la naturalización por decreto gubernamental priorizó sobre todo a migrantes de identidad suní y chií, con el objetivo de reforzar la identidad pro-túrquica del Estado-nación. En otras palabras, la tradición constitucional priorizó durante mucho tiempo los elementos étnicos y religiosos de la identidad turca, por encima de las características cívicas.[3] Este proteccionismo comenzó a cambiar a principios del siglo XXI. Desde que su partido llegó al poder en 2002, Recep Tayyip Erdogan ha mostrado su preocupación por el envejecimiento de la población, visible en su ya famoso anhelo de que las nuevas parejas tengan “por lo menos tres hijos”. También enmendó la ley de ciudadanía tres veces para facilitar la naturalización de extranjeros con determinados requisitos.

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La actual Ley de Extranjería y Protección Internacional no suele permitir a los refugiados sirios solicitar la ciudadanía turca. Sin embargo, la promesa de Erdogan de naturalizar a “algunos de los sirios” suscitó debates públicos en 2016. Desde entonces, el Ministerio de Interior y la Dirección General de Gestión de las Migraciones concede la ciudadanía a los sirios que llevan residiendo cinco años en Turquía. Los “nuevos hijos de la nación”, como los llama Erdogan, fueron más de 100.000 en 2019, y es probable que la cifra siga aumentando. El año pasado, el ministro de interior expresó su intención de naturalizar a 380.000 niños nacidos en Turquía. La prioridad del gobierno es supuestamente naturalizar sirios ricos y cualificados, dado que constituyen una mano de obra joven para la economía.[4] Por su parte, los partidos de la oposición acusan al gobierno de cambiar la demografía del país, en detrimento de las minorías. Antes de las últimas elecciones locales, por ejemplo, los candidatos de las ciudades conocidas por sus poblaciones alevíes y kurdas, como Lütfü Savaş y Ayhan Bilgen, advirtieron que las futuras naturalizaciones podrían dar a los sirios una mayoría electoral.

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Los intereses que subyacen a los cambios en la ciudadanía operados por el presidente se ponen en tela de juicio, especialmente debido a que por un lado el gobierno da esperanzas a los sirios de conseguir la nacionalidad siria, y por otro los utiliza en política exterior. Las declaraciones hechas por Erdogan en sus mítines públicos sugieren que podría fácilmente emplear a los sirios como un objeto de transacción para los intereses gubernamentales. Por ejemplo, conforme al acuerdo sobre refugiados firmado en 2016 Turquía impide que los sirios lleguen a Europa y admite la devolución de los refugiados irregulares; a cambio, la Unión Europea financia la acogida de los sirios en el país con 6000 millones de euros. Sin embargo, el presidente turco ha hecho presión en varias ocasiones sobre la UE declarando que permitiría a los sirios cruzar la frontera si Turquía no recibía su contribución. Además, Erdogan intentó hacer frente al creciente descontento público con las naturalizaciones de sirios justificando la intervención turca en el norte de Siria. Sostuvo que dos millones de sirios, la mitad del número que se haya actualmente en Turquía, serían reubicados en las zonas ocupadas. Así, los sirios, que ya están influyendo en los distintos puntos de vista en materia de ciudadanía, vuelven a ser utilizados una vez más para coaccionar a Europa o para justificar la guerra en Siria.

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Los debates sobre la ciudadanía en Turquía y Líbano apenas añaden nada positivo a las percepciones públicas de los sirios. El gobierno libanés, cuya legitimidad depende de un delicado equilibrio demográfico, solo permitió una enmienda limitada a su régimen de ciudadanía, pero aún excluye sistemáticamente a los sirios y a los palestinos. El gobierno turco, sin embargo, dejó a un lado la tradición del país en materia de ciudadanía y puso en marcha naturalizaciones sistemáticas de los sirios, a pesar de la oposición públicas.  Mientras que, hasta ahora, las imágenes de los “sirios no turcos” han oscilado entre huéspedes no bienvenidos, nuevos hijos de la nación y objetos de transacción política en Turquía, en Líbano el “sirio no libanés” a menudo representa el “otro” más absoluto.

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Notas y referencias: 

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[1] ACNUR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights’ Compilation Report. Examen Periódico Universal: República de Líbano. Abril 2010.

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[2] 'UNHCR Lebanon: Who we are and what we do'. Informe de ACNUR, abril 2018.

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[3] Kemal Kirisci, ‘Disaggregating Turkish Citizenship and Immigration Practices’, Middle Eastern Studies, 36.3 (2000), 4.

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[4] 'Syrians in Turkey'. Informe especial del Defensor del Pueblo, 2018, p.167.

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