Guatemala: desde la crisis fronteriza hasta la inmovilidad del pueblo de Patzún. El pueblo maya en riesgo

Los Acuerdos de Paz en Guatemala, firmados en  1996, dieron fin a un conflicto armado interno que duró 36 años. Buscaban apoyar a los pueblos mayas en su desarrollo económico y social; sin embargo, a la fecha no hay grandes resultados en cuanto a las condiciones y derechos de estos pueblos. Ante la desigualdad de un sistema que solo ha sido de aprovechamiento para pocos, muchos hermanos mayas migran a territorios como Estados Unidos de América con el fin de mejorar su nivel y calidad de vida y los de sus familias. El presente artículo muestra cómo la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la inseguridad sanitaria y económica, evidente en la poca protección de migrantes retornados con posible contagio. Por último, se presenta una reseña sobre la expansión del virus en el pueblo maya kaqchikel de Patzún, que ha afectado la movilidad tanto de humanos como de productos agrícolas.

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Crisis fronteriza y conflictividad social: riesgos para los migrantes mayas retornados

 

En circunstancias ordinarias, los retornos involuntarios de migrantes se producen de forma semanal. De enero a abril del año 2020, 12.159 guatemaltecos de forma aérea y 9.928 de forma terrestre han ingresado de forma involuntaria al territorio nacional; muchos de ellos son parte del pueblo maya, que salieron en busca del sueño americano debido a la desigualdad y como única opción de estrategia de sobrevivencia personal y familiar.

 

El retorno de migrantes en tiempos del COVID-19 ha agudizado aún más la crisis fronteriza y migratoria de Guatemala, que cuenta con débiles medidas sanitarias tanto en materia de detección como de protección de las personas. Las cifras oficiales no revelan la cantidad de migrantes retornados positivos a este virus y muchos de ellos han sido llevados a sus lugares de origen para cumplir cuarentena. Allí han sido con frecuencia víctimas de discriminación por parte de sus familias y de sus comunidades.

 

Uno de los hechos más impactantes sucedió el 15 de abril de 2020, en la ciudad de Quetzaltenango, al oeste del país. Pobladores amenazaron con quemar el lugar que albergaba a 80 migrantes retornados y atacar a migrantes y trabajadores porque consideraban que eran un riesgo para la salud de las colonias cercanas; a raíz de la intimidación y de los ataques de algunos pobladores, que les lanzaron piedras, los migrantes fueron trasladados a la capital. Tras este suceso, la crisis del COVID-19 sigue afectando a las comunidades mayas y avivando la conflictividad social. El Consejo Maya K’iche’ de Quetzaltenango manifestó una grave preocupación debido a que los migrantes retornan a sus comunidades sin ninguna medida de protección, poniendo en peligro el derecho a la vida. El Consejo denuncia que no se cuenta con un plan de contingencia ni protocolo comunitario para detener la transmisión del virus, y que además la desinformación existente ha aumentado la violencia y tensión en el interior de las comunidades. Frente a esto, resalta la poca voluntad y compromiso del Gobierno de Guatemala en ofrecer una alternativa y en reconocer lo que los migrantes han aportado al país en su salida obligada por la falta de oportunidades.

 

Durante su “sueño americano”, los migrantes aportaron a la economía local y nacional y recibieron elogios por proveer a sus familias, pero ahora sufren el desprecio y  repudio de familiares, líderes comunitarios y comunidades, que no reconocen que muchos solo han vuelto con deudas y apenas con la ropa que llevan puesta. Sin embargo, a diferencia de la falta de solidaridad y cooperación mutua vista desde la crisis fronteriza, otras comunidades del territorio han apostado por la hermandad frente a la desigualdad y falta de compromiso estatal, como lo sucedido en el pueblo maya kaqchikel de Patzún.

 

 

Patzún, el primer pueblo víctima

 

Veintidós días después del primer caso de coronavirus anunciado oficialmente en Guatemala, el pueblo maya kaqchikel de Patzún (con una población de 58,000 habitantes y uno de los mayores productores agrícolas del país) se preparaba para su fiesta religiosa del Sábado de Ramos, en la que el párroco bendice las casas. No imaginaba la tragedia que venía por delante: un día después, el anuncio del primer caso comunitario de coronavirus.

 

Albergar el primer caso comunitario implicaba estar en el punto de mira de todo el país, pero lo más preocupante era no saber su procedencia. Un día después el Presidente de la República confirmaba el caso, estableciendo un cordón sanitario: una medida que prohíbe la salida e ingreso de todo habitante del municipio, con excepción de transportes de alimentos y medicamentos. Los vecinos estaban preocupados por la falta de información pero también por las consecuencias que podría traer tanto a agricultores en la entrega de sus productos como a otros trabajadores por la incertidumbre ante un brote del virus.

 

Medios de comunicación como Nómada y el Boletín Qatzij del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas (IDEIPI) recopilaron información basada en la experiencia del pueblo de Patzún, destacando el desabastecimiento de alimentos generado por la estigmatización y discriminación de la población, así como la pérdida económica de los agricultores al no poder distribuir sus productos a los mercados nacionales. Sin embargo, también señalaron la importancia del apoyo prestado por las comunidades a las familias en cuarentena en base al qawinaq (vínculo entre personas de un mismo idioma, que comparten el mismo pasado), y la labor de las iglesias católica y evangélica, que adaptaron las costumbres y tradiciones para fortalecer la solidaridad y cooperación mutua.

 

La crisis del COVID-19 ha dejado expuesta una vez más la situación de desigualdad de los pueblos mayas, que tras las promesas rotas de desarrollo hechas en los Acuerdos de Paz de 1996 han luchado contra las condiciones de pobreza y exclusión a través de su trabajo en el campo y de la migración. Mientras algunos han recibido a los migrantes retornados con violencia y discriminación, otras comunidades han demostrado solidaridad y cooperación mutua, valores fundamentales de los pueblos originarios, para luchar contra la estigmatización y apoyar a las personas ante la prohibición de circular libremente para trabajar o distribuir sus productos agrícolas. El Estado ha fallado a los pueblos mayas; pero el colectivismo, la unidad y la esperanza consiguen superar la triste inmovilidad.

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