Migración en las urnas: las elecciones europeas y el sufragio migrante

Entre las muchas elecciones que están teniendo lugar este año, las elecciones europeas del 26 de mayo han sido clave para dibujar un mapa sobre las perspectivas del continente en materia de migraciones. Además, han sentado las bases para el diseño de nuevas políticas migratorias en los próximos años. Los medios de comunicación han resaltado que, de la misma manera que las elecciones de 2014 reflejaron la respuesta política europea a la crisis económica y las medidas de austeridad, este año las urnas recogieron las reacciones a la “crisis de refugiados” de 2015. Al mismo tiempo, la secuencia de elecciones de este año también pone el foco en cómo las migraciones y la movilidad están cuestionando la idea arraigada de que el voto es la máxima expresión último de la ciudadanía nacional. Analicemos en primer lugar las distintas posiciones de los partidos políticos europeos sobre migración, antes de reflexionar sobre las formas en las que negar el voto a las personas migrantes perjudica a nuestras democracias.

 

El menú electoral de 2019

 

Los candidatos al Parlamento Europeo (que más adelante decidirá el nuevo presidente de la Comisión Europea) han mantenido la migración entre los principales temas de su discurso, como hemos informado a lo largo de la campaña. Sus propuestas, sin embargo, fueron escasamente nuevas, y en su práctica totalidad se centraron en las nuevas llegadas a través del Mediterráneo, sin que apenas se mencionasen otros temas relacionados con las migraciones. Aunque sabemos que cumplir las promesas electorales es un arte con pocos discípulos, echemos un vistazo a las propuestas de los diversos grupos políticos y veamos qué podemos esperar de esta legislatura.

 

En el centro del espectro político, hay un consenso creciente en torno a vincular las políticas de migración y de desarrollo. Tanto los conservadores del Partido Popular Europeo (en cabeza con un 23,8% de los escaños) y los Socialistas (los segundos, con el 20,4%) defienden la idea de un proyecto de desarrollo a gran escala para el continente africano. Este “Plan Marshall para África”, originalmente presentado por Alemania en el G20 en 2017, ha sido criticado en numerosas ocasiones por académicos y profesionales. En primer lugar, se basa en la premisa infundada de que cuanto más desarrollada está una economía, menos se desplaza la población, una forma simplista de entender las relaciones entre desarrollo y migración que, en la mayoría de los casos, es simplemente falsa. Esta interpretación pasa por alto que, a medida que las personas adquieren un mayor nivel económico, sus expectativas y su capacidad financiera para materializarlas también tiende a aumentar. Por otro lado, convertir a la política de desarrollo en la hermana menor de la política migratoria y hacer que la ayuda al desarrollo dependa de la capacidad de un gobierno para frenar los flujos migratorios no es solo moralmente incorrecto. También puede tener efectos perjudiciales para las poblaciones receptoras, ya que cortar la entrada de divisas (tres veces mayor que la ayuda oficial al desarrollo) podría dañar gravemente la economía. Sobra decir, además, que anunciar un plan de tales dimensiones para las economías africanas con el objeto de servir principalmente los intereses europeos evoca, sin duda, perturbadores fantasmas coloniales.

 

Los dos principales partidos discrepan respecto al control fronterizo: mientras que los conservadores defienden unas fronteras más duras y medidas más severas contra traficantes y pasadores, los socialistas reivindican una política más abierta en materia de rescates civiles en el mar. Por su parte, los Liberales (14,1% de los escaños) no han centrado su atención tanto en “abordar las causas profundas” como en crear un nuevo sistema común de asilo operativo y extender el sistema de la tarjeta azul a los trabajadores poco cualificados.

 

Los distintos partidos euroescépticos y eurófobos (que han obtenido en total alrededor del 25% de los escaños) comparten grados diferentes de animadversión hacia los inmigrantes. Entre los que proclamaban que estas elecciones eran un “referéndum sobre migración”, podemos recordar el póster de Salvini llamando a “detener a los buenistas, detener a los barcos”; el Reagrupamiento Nacional de Le Pen afirmando que Frontex es “una recepcionista de hotel” y negando que se esté devolviendo a personas migrantes a Libia en condiciones inhumanas; y la interpretación que hizo Orbán de sus propios resultados como un mandato para “parar la migración”. Podemos esperarnos que intenten bloquear la mayor parte de las políticas e iniciativas comunes para garantizar los derechos de los migrantes y que promuevan controles fronterizos más estrictos y centros de recepción de migrantes en terceros países. Algunos, como los Conservadores y Reformistas Europeos entre los que se sientan los Tories y el PiS, podrían apoyar la idea de un paquete de ayuda al desarrollo condicional para África.

 

A la izquierda, los Verdes (cuya ola ha alcanzado el 10%) y la Izquierda Europea (con un resultado modesto del 5%) han sido los más críticos con la situación actual en el Mediterráneo y en Libia. Los Verdes reivindican una política común de asilo que no criminalice a los migrantes ni a los ciudadanos que les prestan ayuda; una política de fronteras que no externalice la responsabilidad a terceros países; y un apoyo europeo en materia de integración de inmigrantes a Estados miembros y ciudades. La izquierda radical también ha desarrollado un discurso diferente sobre migración, exponiendo sus impactos positivos, y con su líder Nico Cué presentándose orgullosamente en los debates electorales como “hijo de inmigrantes ilegales”.

 

Todas estas posiciones políticas diferentes se sentarán juntas en un plenario muy fragmentado cuando el Parlamento Europeo retome su actividad. Los conservadores y los socialistas, que hasta ahora ocupaban la mayoría de los escaños, han perdido su estatuto informal de “gran coalición”, lo que implica que cada propuesta legislativa necesitará el apoyo de al menos tres grupos políticos distintos. Con toda probabilidad, la política migratoria dará lugar a una geometría política interesante en los próximos cinco años.

 

 

Empujando la última frontera del sufragio

 

Si bien los migrantes han sido un objeto central del debate, apenas se les ha tenido en consideración como sujetos políticos. Una y otra vez, los discursos de campaña no se dirigen directamente a los migrantes, como suele ocurrir: los políticos centran su atención en pedir el voto a los ciudadanos, ya que se trata de un derecho de estos, y terminan dejando a los migrantes completamente fuera de la conversación. En países donde las diásporas son políticamente relevantes y tienen derecho a votar desde el extranjero o a través de una persona de confianza, tal vez intenten movilizar el voto emigrante. Por otro lado, tradicionalmente se ha impedido votar a los inmigrantes. Podemos encontrar una explicación en la teoría política clásica: en una democracia, al contrario que las monarquías absolutas, los sujetos adquieren la condición de ciudadanos gracias a un número de derechos civiles y políticos, entre los cuales figura prominentemente el sufragio. Sin embargo, la definición de quién es ciudadano, y por tanto quién tiene derecho a votar y a ser elegido, se ha ampliado en varias ocasiones a lo largo de la historia, y puede volver a hacerlo.

 

La vinculación del derecho a votar con la ciudadanía nacional implica que una persona extranjera no puede acudir a las urnas, sin importar por cuánto tiempo haya residido en un determinado país o cuál sea su condición legal. En países donde la nacionalidad se basa en un sistema de ius sanguinis (en el que los padres transmiten su nacionalidad a los hijos), incluso los niños nacidos allí pueden llegar a carecer de este derecho al alcanzar la mayoría de edad. Como resultado, no tienen voz en las cuestiones que afectan a las comunidades donde viven, ni la posibilidad de exigir cuentas a los políticos. Esto coloca a los inmigrantes en una posición de vulnerabilidad política. El tamaño de esta población sin representación parlamentaria no es precisamente insignificante: en lugares como Barcelona, entre el 10% y el 15% de la población carece de derecho al voto y a presentarse a unas elecciones.

 

Sin embargo, las barreras al sufragio están empezando a ceder a nivel europeo y municipal. Las elecciones europeas reflejan una forma de afiliación política que va más allá de las fronteras nacionales. La ciudadanía europea, que supone un complemento a la ciudadanía de uno de los Estados miembros, otorga el derecho a elegir a los miembros del Parlamento Europeo, que los ciudadanos de la Unión Europea pueden ejercer en su país de origen o en el de residencia. La denegación de este derecho que se dio de forma masiva en el Reino Unido el pasado mayo puede deberse a errores administrativos, pero es un signo de cómo algunas instituciones consideran ya roto el vínculo común de la identidad europea.

 

A nivel local, donde la vida de barrio hace que los lazos de la comunidad sean más visibles y concretos, la frontera del sufragio parece estar yendo más lejos. En países como España, los ciudadanos europeos tienen derecho al voto municipal, así como los ciudadanos extracomunitarios cuyos países de origen mantienen tratados recíprocos sobre la materia. El resultado, como sostiene Luicy Pedroza refiriéndose al caso portugués, es un mapa vertical de electorados en el interior de la ciudad con distintos niveles de derecho al voto y distintos procedimientos para obtenerlos. Por ejemplo, un italiano puede votar en las elecciones municipales españolas tras inscribirse en el padrón municipal; un noruego, después de tres años de residencia; un caboverdiano, tras cinco años; pero incluso después de diez años, un marroquí no podría votar. En definitiva, y a pesar del ligero crecimiento numérico, sólo el 10% de todos los extranjeros en España puede votar en alguna de las elecciones. Sin embargo, apenas el 6% de los ciudadanos extracomunitarios que tienen el derecho lo hace. Una nueva hilera de obstáculos emerge de los propios procedimientos para solicitar el voto: el papeleo puede ser complicado y requiere empezar meses antes de las elecciones, y muchas personas ni siquiera saben que tienen este derecho. Los activistas, no obstante, siguen informando y reivindicando un sistema más justo con campañas como #VotarEsUnDerecho o ‘Mi ciudad, mi voto’ (organizada por el ayuntamiento de Barcelona).

 

La migración es la última frontera del sufragio, pero las nuevas formas más amplias de entender la afiliación y la identidad colectiva, como la que subyace a las elecciones europeas, están contribuyendo a hacerla avanzar. Una verdadera democracia robusta necesita permitir que se oiga la voz de los migrantes en las urnas y en los parlamentos, dado que son precisamente sus derechos los que están más amenazados, como seguimos viendo en el Mediterráneo, en nuestras calles y en nuestros colegios. Tal vez si su puesto de trabajo estuviera en juego, gente como Salvini y Farage pensarían dos veces antes de deshumanizar y propagar el odio contra su vecino de al lado.