Más allá del voto: La participación de los migrantes a través de organismos consultivos y el Consejo Municipal de Inmigrantes en São Paulo

La participación política de los migrantes en las sociedades receptoras es un asunto polémico en los estudios sobre integración. A pesar de la propaganda negativa sobre la integración política de los migrantes que alientan los gobiernos populistas, hay una relación estrecha entre participación política, integración y democracia. Cuando los gobiernos amplían las vías de participación en asuntos políticos para los migrantes, los cimientos del espacio político de los países salen reforzados. Por el contrario, la falta de acceso de los migrantes a los derechos políticos puede crear problemas relacionados con la legitimidad del sistema democrático.

 

En general, la opinión pública cree que la participación política de los migrantes se limita a los derechos electorales, es decir, la posibilidad de votar y ser elegido en elecciones municipales o nacionales. Estos son los métodos tradicionales de participación política y los que reciben mayor atención académica. Sin embargo, la participación política también puede tener lugar de maneras no tradicionales: a través del voluntariado, las protestas, la sindicalización, el asociacionismo inmigrante o, como destacamos en este artículo, los organismos consultivos.

 

Los organismos consultivos son estructuras creadas por los gobiernos a nivel local, regional o nacional con el objetivo general de establecer un marco oficial para las consultas y el diálogo entre migrantes y representantes gubernamentales, en materias políticas que sean relevantes para ellos. Los organismos consultivos están considerados como una herramienta útil para mejorar la calidad democrática, especialmente a nivel local. Sin duda, existen fuertes vínculos entre la actividad consultiva, la integración política de los migrantes y las libertades políticas: los gobiernos que invierten en organismos consultivos fuertes promueven mejor la integración política de los migrantes y obtienen mejores resultados en los índices de calidad democrática.

 

El caso de Brasil es interesante porque el marco jurídico presenta contradicciones. Por un lado, Brasil es un país avanzado en cuanto a los derechos socioeconómicos, facilitando el acceso de los migrantes a los servicios públicos y prohibiendo la discriminación a los extranjeros en todas las esferas sociales. Además, simplifica el proceso de regularización de los migrantes y exime a los migrantes en situaciones económicas precarias del pago de tasas específicas. Por otro lado, en cuanto a los derechos políticos, es muy nacionalista y anticuado, teniendo en cuenta que la constitución brasileña es la única en toda Sudamérica que prohíbe los derechos electorales de los migrantes en todos los niveles territoriales.  

 

En este contexto, la ciudad de São Paulo apostó por la innovación creando el Consejo Municipal de Inmigrantes (CMI), un organismo consultivo local con el objetivo de asegurar que las políticas públicas están más en consonancia con las necesidades de las personas migrantes. No obstante, la existencia de un organismo consultivo no es garantía de que la participación de los migrantes sea efectiva. No es raro que los gobiernos sean los principales beneficiarios de la creación de mecanismos consultivos, ya que así mejoran su imagen pública y parecen ganar legitimidad incluso cuando la participación de los migrantes es escasa y queda prácticamente anulada.

 

Por tanto, es de vital importancia analizar con cuidado las actividades del CMI. Para sistematizar el análisis, me concentraré en cinco elementos: membresía, relacionada con la forma de elección de los miembros de los organismos consultivos; mandato, centrado en cuánto influyen en las políticas públicas las resoluciones del CMI; sesiones, o la frecuencia con que se reúnen los miembros y si el poder está bien distribuido entre ellos; ámbito, esto es, si las actividades del CMI se dedican a aspectos de la integración jurídico-políticos, socioeconómicos o culturales y religiosos; y recursos, sobre cómo se gestiona el presupuesto y si hay apoyo público para asegurar que el organismo puede funcionar sin limitaciones económicas.

 

El CMI sigue buenas prácticas en cuanto a membresía, sesiones y ámbito. Organizó con éxito sus elecciones en 2018, la primera vez que la población migrante pudo votar en unos comicios locales en Brasil. Además, el Consejo estableció cuotas de género (al menos el 50% de sus miembros son mujeres). Respecto a las sesiones, el CMI se reúne con frecuencia, y el poder está bien distribuido entre sus miembros: los migrantes y el gobierno elaboran juntos la agenda del plenario y realizan un uso igual de la palabra. En lo que concierne a su ámbito, el CMI se concentra con éxito en asuntos jurídico-políticos.

 

Sin embargo, el CMI se enfrenta a limitaciones estructurales en cuanto a mandato y recursos. Su falta de poder decisorio es muy problemática. Cuando los migrantes ven que su trabajo no influye realmente en las políticas públicas, pierden interés en el organismo consultivo. La disminución de la participación en las últimas elecciones podría ser una señal de advertencia. El Consejo no tiene una base jurídica que pueda realmente alterar el proceso de elaboración de políticas. El gobierno puede decidir en cualquier momento ignorar sus sugerencias sin que esto le suponga un alto coste político, porque los migrantes no pueden votar a los representantes municipales. Por tanto, las recomendaciones que emite el CMI no se convierten necesariamente en nada más que en declaraciones “oficiales”.

 

Los recursos son el área más deficiente del CMI. El Consejo no proporciona fondos a organizaciones migrantes para financiar actividades que puedan llegar a las comunidades inmigrantes que representan. Esta sería una estrategia valiosa para implicar a los migrantes en la vida política de la ciudad. Además, los miembros del CMI no tienen control sobre su limitado presupuesto y no tienen voz en la asignación de recursos.

 

El CMI tiene aún mucho camino por delante para convertirse en una estructura verdaderamente influyente que pueda cambiar el curso de las políticas públicas en São Paulo. A pesar de ello, el Consejo ha funcionado mejor que cualquier otro proyecto en Brasil para integrar políticamente a los migrantes a nivel local, y tiene un fuerte valor simbólico. Los esfuerzos por mejorar la integración política de los migrantes deben continuar, porque solo a través de una reforma constitucional alcanzarán los migrantes el derecho a votar en las elecciones a todos los niveles territoriales. En cualquier caso, los organismos consultivos son un gran comienzo; pero, si no hay más avances y en el futuro próximo los inmigrantes siguen excluidos del voto y de las candidaturas electorales, podrían ser tan solo ilusiones, y no realidades, de participación política.

​