Las dificultades de los migrantes venezolanos dejan al descubierto una grieta en el sistema global de protección

El sistema global de protección diseñado en respuesta al desplazamiento masivo de personas después de la Segunda Guerra Mundial no abarca las distintas formas de protección necesarias para responder a la migración forzosa de nuestros días. El sistema está basado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, que universalizó el ámbito de la Convención más allá de quienes escapaban de la Segunda Guerra Mundial. Consagró algunos derechos de los refugiados, como el derecho a no ser devuelto a un país donde la persona refugiada se encuentre en peligro, conocido popularmente como non-refoulement. Esta protección ha sido esencial para proteger a los refugiados y potenciales refugiados frente a la posibilidad de ser devueltos a un contexto donde su vida esté en riesgo, en función de su estatus migratorio. En la actualidad, sin embargo, hay grupos de migrantes forzados que necesitan la opción de abandonar su país de origen a largo plazo sin renunciar al derecho a retornar.

 

Una población que ilustra esta necesidad latente son los millones de migrantes venezolanos que han abandonado su país en los últimos seis años. Los migrantes y refugiados venezolanos se han visto obligados a marcharse de su país a causa de la crisis política y económica en Venezuela. La mayoría de estos refugiados y migrantes residen ahora en otros países de América Latina y el Caribe, donde han recibido una variedad de estatutos de protección, desde el estatuto de refugiados hasta estatutos nuevos excepcionales y temporales, pasado por permisos de residencia. Aunque algunos refugiados están huyendo de la intimidación política o de amenazas y riesgos específicos, la mayoría escapan de un sistema sanitario asfixiado y una economía en quiebra donde el salario mínimo equivale a unos dos dólares estadounidenses. La protección a largo plazo y el derecho a entrar en países de acogida son por lo tanto fundamentales para los venezolanos. Sin embargo, pueden estar interesados en regresar a Venezuela por periodos cortos para visitar a sus familias y asistir a acontecimientos como bodas, funerales y festividades.

 

La definición global de “refugiado”, y la que propone el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, está sistemáticamente vinculada a estar en el exilio, sin poder regresar al país de origen. En cambio, las personas venezolanas en América Latina han puesto de manifiesto que también es posible necesitar protección fuera del espectro del exilio. Pueden regresar a su país para visitar a los hijos que han quedado con otros parientes o celebrar ocasiones especiales con su familia, demandando así un espacio de protección que no está cubierto en el sistema actual. Algunos podrían decir que esto demuestra que no necesitan protección como refugiados y que podrían regresar a Venezuela. ACNUR se ha posicionado en ocasiones en contra de esta postura: aunque muchos venezolanos no estarían reconocidos bajo la Convención de 1951, la mayoría sí estarían reconocidos por la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, un instrumento latinoamericano que expandió la definición de “refugiado” para incluir los conceptos de violencia generalizada y perturbaciones graves del orden público. En otros informes, ACNUR ha evitado la cuestión de la dicotomía entre migrantes y refugiados refiriéndose simplemente al grupo como “venezolanos desplazados fuera del país”, tal vez buscando también una categoría más dinámica y flexible.

 

Los países de la región han aplicado la Declaración de Cartagena de manera desigual. La mayoría de países han respetado el non-refoulement para los venezolanos,  mientras que Brasil reconoció  a más de 20.000 solicitantes de asilo como refugiados en base a violaciones masivas de los derechos humanos en Venezuela, y Colombia no ha reconoció apenas a ningún venezolano en su territorio. Los gobiernos han creado un abanico heterogéneo de sistemas de protección. Costa Rica introdujo recientemente una nueva categoría de asilo para los Venezolanos (y otros) cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas. Chile creó un visado de “responsabilidad democrática” específicamente para los venezolanos. En Colombia, los venezolanos han podido regresar a casa durante la pandemia de COVID-19 y se espera que puedan volver a entrar en Colombia cuando las fronteras vuelvan a abrirse. El reconocimiento de un concepto dual, en el que los refugiados estén protegidos frente a la devolución y a la vez cuenten con el derecho a volver a su país cuando quieran o puedan, es un paso importante hacia la creación de un sistema que dé cabida a la actual fluidez de la migración forzosa y a las distintas razones que llevan a migrantes y refugiados a abandonar su país.

 

Los países latinoamericanos muestran un modelo de pensamiento abierto, aunque con lagunas, para abordar una migración forzosa cambiante. Los migrantes y refugiados venezolanos han necesitado protección en los países de acogida para no ser devueltos en contra de su voluntad, sin perder la opción individual de regresar a Venezuela por periodos cortos. La definición extensa del estatuto de refugiado en la Declaración de Cartagena señala una senda más ancha que podría ayudar a los refugiados en todo el mundo. Los países de fuera de la región podrían beneficiarse si adoptaran algunas de estas medidas, igual que el sistema global de protección podría beneficiarse de la concepción amplia de Cartagena. La protección debería seguir desprendiéndose de las ideas de exilio e incluir y apoyar las decisiones de las personas refugiadas, incluidos los viajes de regreso a un país en el que definitivamente no es posible vivir, pero del que no han sido desterradas.

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