Retirar la nacionalidad, una forma de crear divisiones entre los ciudadanos

Recientemente, Australia ha aprobado leyes que permiten la retirada de la nacionalidad. Estas leyes se han presentado como una herramienta para realzar el papel y el estatus de la nacionalidad, “diseñada para proteger la integridad de la nacionalidad australiana y… la soberanía y seguridad de este país y sus ciudadanos”. En realidad, estas nuevas capacidades forman parte de una estrategia coordinada para mostrar que el gobierno mantiene una línea dura en materia de control de fronteras, y alimentar así miedos colectivos tanto a la migración como al terrorismo. Las leyes afectan únicamente a las personas con doble nacionalidad, ilustrando no ya las divisiones cambiantes entre ciudadanos y extranjeros, sino la creación de divisiones dentro de la propia ciudadanía.

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Las leyes australianas, de forma parecida a lo que ocurre en Reino Unido, Francia y Dinamarca, permiten al gobierno retirar la nacionalidad de una persona implicada en actividades terroristas. Hasta ahora, el Reino Unido ha retirado la nacionalidad de 120 británicos, mientras que en Australia la retirada ha afectado a unos 17 australianos con doble nacionalidad. No obstante, esto podría cambiar con los intentos del gobierno australiano de reforzar estas atribuciones través de un nuevo proyecto de ley.

 

Las leyes de retirada de la nacionalidad, en su forma actual, crean un sistema de ciudadanía en dos niveles, ya que se dirige explícitamente a las personas con doble nacionalidad. Debido al presunto compromiso de Australia con la prevención de la apatridia, como firmante de la Convención para reducir los casos de apatridia, aquellos que tienen únicamente nacionalidad australiana no pueden perderla. Podría sostenerse que nunca ha habido igualdad entre los ciudadanos, debido precisamente a la existencia de la doble nacionalidad, que permite a las personas que la poseen beneficiarse de la nacionalidad de otro Estado. Sin embargo, mientras se espera que las democracias traten a todos los ciudadanos como iguales ante la ley, hoy están creando un precedente de desigualdad que atacan aspectos fundamentales de la ciudadanía. Con la excepción de las Primeras Naciones, la población de Australia desciende de inmigrantes, y hoy aproximadamente 6 millones de australianos tienen doble nacionalidad (si bien muchos más tendrían acceso a una segunda nacionalidad a través de sus padres o abuelos). En un país de 25 millones de habitantes, este grupo sustancial de personas se enfrentarían potencialmente a penas mucho más duras que los demás, simplemente en razón de su segunda nacionalidad. Si tenemos en cuenta la definición de Hannah Arendt de la ciudadanía como el “derecho a tener derechos”, la retirada de la nacionalidad pone en peligro el acceso de algunos ciudadanos a los derechos humanos. La división en el interior del conjunto de la población queda así dibujada, debilitando la institución de la ciudadanía y sus cimientos en la igualdad.

 

Entre otros cambios, el proyecto de ley del gobierno haría posible una mayor flexibilidad, permitiendo que el Ministerio del Interior quede satisfecho tan solo con que un ciudadano australiano pueda acceder a la nacionalidad de otro país en base, por ejemplo, a la nacionalidad de sus padres y abuelos. En otras palabras, el proyecto de ley plantea la capacidad de desnaturalizar a ciudadanos que no poseen aún doble nacionalidad, pero que potencialmente podrían acceder a ella en otro Estado, aumentando así el riesgo de apatridia y deteriorando aún más la igualdad entre los ciudadanos.

 

Las divisiones abstractas que dibuja la ley en la ciudadanía se vuelven reales al considerar que las personas con doble nacionalidad suelen ser migrantes. Sin duda, las leyes castigan solo a los autores de crímenes tan graves como el terrorismo; pero la amenaza se suma al arsenal del que disponen los gobiernos, cada vez más partidarios de políticas contra la inmigración. En un mundo en el que los migrantes están ya acostumbrados a la desigualdad entre quienes son ciudadanos y quienes no lo son – llámeseles “extranjeros”, “ilegales”, “sin papeles” –, estas leyes son otro instrumento más para demonizar a las personas. Al presentar el proyecto de ley ante el parlamento, el gobierno proclamó que “Australia es un país unido y cohesionado”; pero inmediatamente el primer ministro volvió a emplear un lenguaje divisivo, con comentarios como “No queremos a estas personas en nuestro país”. Este discurso refleja un sentimiento anti-inmigración, entre tentativas paralelas del gobierno en los últimos años de exigir a las personas en proceso de naturalización un “examen de valores” y un “juramento de lealtad” al Estado. 

 

Basta con examinar un ejemplo reciente para ver estas capacidades en acción, señalando a la comunidad migrante. Zehra Duman, nacida en Australia y con doble nacionalidad australiana y turca, se marchó a Siria con 19 años para contraer matrimonio con un miembro del ISIS. El gobierno australiano le ha retirado la nacionalidad, y ahora depende de su nacionalidad turca para evitar convertirse en apátrida. Madre de dos hijos con derecho a la nacionalidad australiana, Duman forma parte de un grupo de mujeres y niños australianos en el campo de al-Hol en Siria a quienes el gobierno ha rechazado hasta ahora repatriar, actuando en desacuerdo con sus homólogos occidentales.

 

La Comisión Australiana de Derechos Humanos, en su reciente informe sobre el intento de reforzar las leyes de retirada de la nacionalidad, cita estudios que afirman que tales atribuciones tienen “una función eminentemente simbólica, más que un objetivo claro para la seguridad nacional”. Agentes de los servicios de inteligencia tanto australianos como estadounidenses señalan que en algunos casos la retirada de la nacionalidad puede incluso obstaculizar la lucha contra el terrorismo. El Centro Internacional de Lucha contra el Terrorismo en La Haya ha calificado estas leyes de inefectivas y contraproducentes. Es justo afirmar que las atribuciones son simbólicas y, más que servir a un fin práctico, buscan reforzar las diferencias entre australianos inmigrantes y no inmigrantes. Las leyes atacan la idea del arraigo, haciendo más visibles las líneas entre los nacidos en el país y los nacidos en el exterior. La nacionalidad es el término de un largo camino para muchos migrantes que han pasado por la experiencia de vivir como forasteros; con estas leyes, ahora tendrán que seguir luchando por pertenecer a la comunidad, incluso después de que ellos y sus hijos se hayan convertido en ciudadanos.

 

Para algunos, la nacionalidad ya no es un derecho, sino un privilegio; y el umbral para revocar este privilegio es cuestionable. El Ministro del Interior australiano afirmó: “Las personas con doble nacionalidad que eligen implicarse en actividades terroristas renuncian a los privilegios de la nacionalidad australiana”. Esta declaración queda reflejada en la tesis de Matthew Gibney sobre cómo las leyes de desnaturalización crean una nueva jerarquía de ciudadanos: si bien antes la ciudadanía se concebía como un derecho, ahora depende de determinados criterios de comportamiento. Pero si la retirada de la nacionalidad es el máximo castigo (perdiendo el soporte del “derecho a tener derechos”), ¿es el terrorismo el máximo delito? Esta es desde luego la postura del gobierno australiano al considerar la conducta relacionada con el terrorismo (como la pertenencia a una organización terrorista) como una traición a la lealtad y una ruptura del contrato entre Estado y ciudadano. Sin embargo, en el Reino Unido el gobierno se planteó extender la pena a aquellos que han cometido crímenes graves, como delitos sexuales. Legislar los delitos suficientemente graves para ser castigados con la retirada de la nacionalidad presenta problemas intrínsecos, y podría discutirse si la seguridad nacional es una frontera lo bastante precisa, y hasta dónde alcanzará la acción del gobierno. Teniendo en cuenta los valores fundamentales de las democracias liberales, la evasión de impuestos a gran escala podría interpretarse como un rechazo de la lealtad al Estado de manera similar a los delitos de terrorismo cometidos en el exterior. La dificultad de dibujar una línea en la gravedad de los crímenes merecedores de la retirada de la nacionalidad debilita aún más la integridad de la ciudadanía y despierta dudas sobre tal poder debería llegar a ser ejercido por los Estados.

 

La desnaturalización se ha calificado a menudo de “muerte cívica”. Hoy es necesario llamar la atención sobre los esfuerzos de Australia para aumentar los poderes ejecutivos en esta materia. Estas leyes pueden abrir una brecha entre los ciudadanos, modificar el significado de la nacionalidad y crear una frontera real entre las personas de origen migrante, para quienes la ciudadanía es un privilegio, y las personas para quien la ciudadanía es un derecho inviolable. Con lo fácil que resulta manipular el umbral para la retirada de la nacionalidad, países como Australia están emprendiendo un camino alarmante.

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