Por Andrea Jaramillo Contreras | Número 22
Entre 2021 y 2022, más de 350.000 migrantes de 53 países diferentes cruzaron una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo entre Panamá y Colombia, llamada Tapón del Darién, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de América. Entre 1.200 y 1.300 migrantes irregulares cruzan diariamente esta frontera, y unos 300 están abandonados en el lado colombiano de la frontera, en Necoclí, esperando apoyo económico o alternativas migratorias.
El Tapón del Darién está formado por sesenta millas de densa selva tropical, montañas escarpadas y extensos pantanos. Durante un periodo de 5 a 11 días, los migrantes tienen que atravesar rutas inhóspitas, ríos y largos tramos de tierra que requieren un alto nivel de fuerza física. Según informes de ACNUR, R4V y Médicos Sin Fronteras (MSF), el tráfico de personas, agresiones, violencia sexual, asesinatos, desapariciones y la muerte son algunos de los riesgos a los que se enfrentan los migrantes en esta ruta.
Después de cruzar el Tapón del Darién, los migrantes continúan su viaje por carretera, pasando por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México hasta llegar a Estados Unidos. Esta ruta puede durar semanas, meses o incluso años, dependiendo del origen de los migrantes, las restricciones en las fronteras y sus recursos económicos. Durante su recorrido, se enfrentan a la falta de acceso a atención médica, alimentos, agua potable y vivienda. Además, el control de contrabandistas, traficantes y grupos criminales en estas fronteras deja a los migrantes en una situación de extrema vulnerabilidad. Desde 2016, 221 migrantes irregulares han muerto intentando cruzar esta frontera.
La protección del derecho a la salud sin distinguir el estatus legal, origen o condición social de las personas sigue el principio de las Naciones Unidas de “No dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reivindicando equidad y la no discriminación hacia los más desfavorecidos y pobres en el mundo. El reconocimiento de la especial vulnerabilidad de las personas migrantes en términos de exclusión social y discriminación a lo largo de su ruta migratoria los establece como actores prioritarios en el acceso a un servicio de salud competente y adaptable a sus necesidades. No obstante, en las fronteras de Colombia y Panamá, la falta de normativas que protejan a los migrantes en tránsito, las capacidades financieras y locales en las fronteras, las políticas restrictivas en las fronteras y la incomprensión de lo que significa el derecho a la salud para los migrantes en tránsito son algunos de los principales aspectos que afectan el acceso a la salud de los migrantes irregulares en el Tapón del Darién.
Falta de normativas que protejan el derecho a la salud de los migrantes irregulares en tránsito: falta un instrumento legal en Colombia que proteja el derecho a la salud de los migrantes en tránsito. Según el “plan de respuesta del sector sanitario al fenómeno migratorio”, los migrantes irregulares solo tienen derecho a acceder a la emergencia médica inicial, la cual no responde a las múltiples necesidades que los migrantes en tránsito tienen durante su viaje. En Colombia, el derecho a la salud está ligado a la condición jurídica de los migrantes y su deseo de permanecer en el territorio, pero no a la esencia de su condición humana, obviando la universalidad e inalienabilidad de este derecho humano. Al parecer, Colombia no está respondiendo a los compromisos en relación a convenciones internacionales como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes y la resolución de la 61a Asamblea Mundial de la Salud.
Recursos financieros y capacidades locales en las fronteras: la crisis migratoria, junto con los niveles de pobreza en la región de Necoclí – que superan el 50% –, los niveles de conflictividad y la falta de recursos técnicos y financieros de esta región, han superado las capacidades de este gobierno municipal para atender las necesidades de los migrantes en tránsito. Hasta el momento, el gobierno central no ha tenido un papel de liderazgo en la protección de estos migrantes, dejando esta responsabilidad en manos de organizaciones internacionales. Según la oficina de migración de Colombia, estas personas son migrantes en tránsito y por lo tanto no es su responsabilidad protegerlos.
Orden fronterizo internacional y políticas migratorias restrictivas: la significativa falta de cooperación con los países vecinos y la limitada capacidad institucional de las autoridades en los países latinoamericanos han producido la intensificación de las vulnerabilidades en las fronteras. A pesar de las diferentes reuniones mantenidas entre los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos para dar soluciones al aumento del flujo de migrantes irregulares en esta frontera, todavía no existe una solución que anteponga la dignidad humana de estos migrantes a las restricciones fronterizas y a consideraciones de seguridad. La mayoría de los acuerdos responden a las intenciones de Estados Unidos de ejercer control sobre las redes de tráfico de personas y drogas, en lugar de abordar las necesidades y vulnerabilidades de los migrantes en tránsito.
La incomprensión del derecho a la salud: los migrantes en tránsito no solo están expuestos a la atención de emergencia durante su viaje, sino a múltiples dimensiones socioeconómicas y estructurales que se entrecruzan con los determinantes sociales de la salud, como son la vivienda, el agua, la alimentación y la seguridad, entre otros. El derecho a la salud precisa una perspectiva global que requiere un trabajo articulado entre diferentes sectores de la sociedad tales como gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil, para que los migrantes puedan beneficiarse de condiciones de vida saludables a lo largo de su recorrido migratorio y no solo de atención humanitaria en las fronteras.
El caso de los migrantes irregulares en tránsito a través del Tapón del Darién muestra la ausencia de políticas nacionales y transnacionales que protejan su derecho a la salud. Parece que la connotación de “tránsito” refuerza principios de desigualdad y discriminación, violando la universalidad e inalienabilidad de los derechos humanos. Además, la creación de políticas de seguridad fronteriza por parte de los gobiernos complica todavía más la situación de los migrantes, situándolos en un nivel continuo de incertidumbre y vulnerabilidad que afecta profundamente su estado de salud, especialmente en las fronteras donde las restricciones legales se añaden a la falta de responsabilidad de los gobiernos hacia estos migrantes.
Andrea Jaramillo Contreras tiene un doctorado en Sociología por la Universidad de Marburgo, en Alemania, y actualmente trabaja como asistente de investigación en el Instituto de Historia, Teoría y Ética de la Medicina de la Universidad de Giessen (Alemania). Jaramillo formó parte del proyecto “La salud de los migrantes en las fronteras en tiempos del COVID-19: evaluando lagunas, necesidades y prioridades en la implementación de políticas y programas de salud basados en los derechos humanos en la región Andina de América Latina” financiado por la Fundación Alemana de Investigación (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG, por sus siglas en alemán). En el campo de la migración, Jaramillo está particularmente interesada en las dinámicas temporales y fronterizas de los migrantes en movimiento y el impacto de la cooperación internacional en el derecho a la salud y el bienestar de los migrantes. https://www.linkedin.com/in/andrea- carolina-jaramillo-contreras-0a7a4220/.
